Aunque a
alguien no se lo parezca, el hecho de que
la Generalidad admita haber utilizado historias clínicas para hacer un estudio sobre el uso del catalán en los hospitales es de lo más grave que pueda hacerse; aparte de vulnerar
varios artículos de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, y de la
Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica... representa que quienes han de velar (o al menos, con esa intención les hemos votado) por que se
cumplan las leyes, son los primeros en
despreciarlas. Y además, lo que lo hace más grave todavía,
violando la intimidad de los ciudadanos.
Inaudito, que después de casos como el que nos ocupa y de otros como
este otro, aún puedan tener la desvergüenza de presentarse como
defensores de la libertad frente a los abusos de la derecha.
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