El CAS TURISME de la Generalitat de CiU

Para los que no seáis catalanes, os pondré en antecedentes: la Generalitat creó durante el anterior gobierno de CiU, un consorcio, para gestionar y optimizar las ayudas o normas para el turismo en Cataluña. Como director, se nombró a Joan Cogul. Su mujer enviudó de él, al fallecer en extrañísimas circunstancias en Filipinas, al año pasado. Pero no por ello, ha dejado de ser responsable de los "trepicheos" de su marido. Ahora... está entremezclado el tema Carmelo... enfín.
Bueno... no diré más; os dejo el enlace y parte de la última noticia del rocambolesco asunto. En esa página, encontraréis bien estructurado todo el asunto, por si queréis seguirlo someramente. Tiene pinceladas de CINE NEGRO AUTÉNTICO. Aunque sólo sea por curiosidad, leed un poco. Os sorprenderá:


Intento frustrado de la viuda de Cogul de apartar a la Generalitat del cas Turisme
La fiscalía pide ahora penas de entre 5 y 9 años de cárcel para los acusados

LVD - 05/04/2005 - 19.29 horasBarcelona. (EFECOM).- Carmen Fargas, viuda del ex director del Consorci de Turisme Joan Cogul, ha intentado hoy sin éxito que la Generalitat no ejerza la acusación particular contra ella y otros empresarios por malversación de fondos, alegando que el letrado del gobierno catalán no está legitimado para actuar en este proceso. El abogado cuestionado es el catedrático de Derecho Penal Joan Josep Queralt, a quien la Administración catalana contrató hace un par de semanas en sustitución de Silvia Grau, letrada de los servicios jurídicos de la Generalitat nombrada por el anterior gobierno y que había estado trabajando para lograr un acuerdo extrajudicial que evitase la celebración de la vista. El juicio por prevaricación, falsedad documental y malversación de fondos públicos que se produjo en el Consorci de Turisme de Catalunya durante el gobierno de CiU ha empezado a juzgarse hoy en la sección décima de la Audiencia de Barcelona, que ha tenido que abandonar sus reducidas dependencias y trasladarse a la sala polivalente del Palacio de Justicia, dada la magnitud del proceso y la expectación mediática que éste ha despertado. Cabe destacar que Carmen Fargas es la principal acusada en este juicio que se sigue contra doce empresarios catalanes a través de quienes Cogul supuestamente desvió casi un millón de euros del Consorci de Turisme entre 1993 y 1995, época en la que estuvo al frente del mismo. Según la fiscalía anticorrupción, Cogul encargaba a los acusados, que tenían en común su militancia en UDC y su residencia en la localidad tarraconense de Reus, supuestos informes y estudios que "en realidad eran inexistentes" a través de empresas que "no tenían ningún tipo de experiencia, eran desconocidas en el sector y no poseían infraestructuras de material ni personal". Con la confirmación hace unos meses de que Joan Cogul se había suicidado en su casa de Manila (Filipinas), las partes empezaron a negociar un acuerdo extrajudicial que incluía el reconocimiento de la autoría de los hechos y la devolución del dinero por parte de los acusados, para los que la fiscalía pide ahora penas de entre 5 y 9 años de cárcel. Sin embargo, y tras el enfrentamiento político entre CiU y el tripartito tras el hundimiento en el barrio barcelonés del Carmel, la Generalitat decidió cambiar su estrategia, desautorizar el acuerdo verbal alcanzado por la anterior letrada y contratar a Queralt, quien hará una defensa mucho más agresiva y ampliará las acusaciones contra los doce imputados. Jordi Pina, que ejerce la defensa de Fargas, precisamente ha iniciado la fase de cuestiones previas atacando la legitimación de Queralt pues, según él, la normativa que regula la organización de los servicios jurídicos de la Generalitat prohíbe expresamente que ésta pueda estar representada en juicio por un letrado externo sin la existencia de informe previo que lo justifique. El letrado ha pedido al tribunal que, dado que no existe ese informe previo y motivado, que debería estar firmado por el presidente catalán Pascual Maragall o el conseller de Comercio, Turismo y Consumo, Josep Huguet, la Generalitat debe retirarse como acusación en el juicio al no haberse personado en el mismo en el tiempo y la forma correctos. Por su parte, Queralt ha replicado a Pina que la normativa sobre la organización de la asesoría jurídica de la Generalitat es "ajena" al proceso penal y que, en todo caso, tiene la posibilidad de "interponer un recurso contencioso-administrativo" para impugnar una decisión que él consideraba puramente gubernativa. Esta cuestión previa ha obligado al tribunal ha suspender la vista durante veinte minutos para poder deliberar sobre su resolución, aunque finalmente ha desestimado la solicitud que Fargas ha hecho a través de su letrado. Según el magistrado presidente, la impugnación del nombramiento de Queralt justo al inicio del juicio es "incompatible con la buena fe procesal", ya que la sala comunicó a las partes el cambio de abogado mediante providencia el pasado 18 de marzo y hasta hoy ninguna de ellas había objetado nada al respecto.

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